Cierre de minas de carbón + Proceso de cierre de las centrales termoeléctricas de carbón que se prevé en torno al año 2025.
La transición energética se encuentra en un estado muy avanzado respecto a otros países.

Medidas para que la transición energética sea justa.

  • Febrero de 2019, se aprobó la Estrategia de Transición Justa.

  • En abril de 2020 se suscribió el Acuerdo por una Transición Energética Justa para las centrales térmicas en cierre.

  • En abril de 2020 se constituyó el Instituto para la Transición Justa- Convenios de Transición Justa.

  • 2021: Ley 7/21, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética

 

Objeto de estudio

  • Se han ido implementado diferentes medidas políticas en zonas denominadas ya de “transición energética justa” para la creación de actividades y empleos alternativos también más allá del ámbito de la energía con el objetivo de crear un modelo económico diversificado y sostenible.

  • Se han aprobado ayudas para proyectos empresariales y pequeños proyectos de inversión.

  • Se han promovido proyectos de energías renovables que tratan de maximizar los beneficios locales allí donde se cerraron instalaciones de carbón.

  • Se han identificado proyectos municipales y de infraestructuras con el objetivo de dotar de servicios adecuados a ciudadanos y empresas de las zonas de transición justa.

  • Se ha puesto en marcha un plan de restauración ambiental de las zonas degradadas por la minería del carbón, priorizando la contratación de ex-mineros, transformando los empleos del carbón en empleos verdes.

En las comarcas que tuvieron en estas actividades su forma de vida desde finales del siglo XIX y hasta tiempos muy recientes ya entrado el presente siglo,  tras cinco años de puesta en marcha de este proceso de “transición energética justa”,  sobre la base de la promoción pública surgen algunos interrogantes sobre su desarrollo.

Desde una perspectiva económica o cuantitativa:

  • ¿Cuáles son las realidades tangibles, en términos de actividad económica, del proceso en las comarcas afectadas?

  •  ¿Qué número de empresas de nueva creación o crecimiento de existentes, se ha producido?

  •  ¿Qué empleo neto y de qué tipología han generado estas políticas?

  •  ¿Qué impacto poblacional han producido estas políticas en las comarcas especialmente afectadas por procesos de despoblación y de envejecimiento de sus pirámides demográficas?

 

Desde una perspectiva social o cualitativa:

  • ¿Cómo está siendo percibido el proceso de transición en las comarcas mineras?

  •  ¿Qué porcentaje de aprobación o rechazo tiene la política energética en las comarcas mineras, de por sí zona rurales, deprimidas y susceptibles de ser colonizadas por macroparques fotovoltaicos o eólicos?

  •  ¿Qué medidas se están llevando a cabo para compensar estos esfuerzos de las comunidades locales?

  •  ¿Qué análisis cualitativo comparado entre las distintas comarcas afectadas se está llevando a cabo?

 

Desde una perspectiva patrimonial

  • ¿Qué grado de conservación de la materialidad de la industria extractiva y de sus industrias auxiliares se ha llevado a cabo?

  •  ¿Qué instrumentos de protección física y jurídica se están implementando para velar por su preservación?

  •  ¿Hasta qué punto se incentivan las políticas de memoria respecto a la idiosincrasia de las zonas mineras del carbón?

  •  ¿Se está evaluando, de algún modo, si la población de las comarcas mineras es consciente del valor que los vestigios mineros aportan a su acervo cultural y social y, en cualquier caso, ¿se están generando actividades en esa dirección?

Responder a estas preguntas nos lleva, inicialmente,  a la necesidad de realizar un análisis del impacto de la transición energética en las comarcas mineras de manera que, con carácter de proyecto piloto, pueda servir para establecer unas bases metodológicas que sirvan de guía o herramienta práctica para un trabajo objetivo y verificable que, como indicábamos, dé respuesta al conjunto de interrogantes que hemos planteado. Para ello, nos fijamos dos objetivos generales:

  1. – Disponer de las bases metodológicas de una herramienta que, con criterios objetivos y medibles y carácter escalable, permita su réplica en las distintas comarcas mineras del carbón.

  2. – Conocer la realidad comparada entre los diferentes territorios adaptando las bases aplicadas a cada uno de ellos en función de sus características socioeconómicas, patrimoniales y paisajísticas particulares.

¿Por qué se han elegido estas dos zonas?

  1. La mayor parte de los investigadores que componen el equipo de trabajo colaboran con la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local que tiene su centro de actividad principal en el CA UNED Ponferrada.

  2. La iniciativa parte del Instituto de Investigación en Humanidades y Patrimonio con sede en el CA UNED Alcañiz incluye, en su ámbito de acción docente y cultural, localidades del denominado Bajo Aragón histórico.

    La comparación de estas comarcas, en el noroeste de León y el sur de Aragón, puede resultar interesante desde la perspectiva de confección de bases metodológicas para el análisis porque, con al componer dos realidades socioeconómicas diferentes, alejadas geográficamente, tienen concomitancias significativas en cuanto a su condición de periféricas, su orografía compleja, sus problemas demográficos y sus dificultades de reactivación económica lo que, en conjunto nos pueden permitir abordar el análisis con una perspectiva general que permita, con la escala adecuada, su réplica a otros territorios.

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Metodología

Vamos a elaborar una herramienta que, sobre un concepto consensuado de transición energética, desarrolle un método de análisis a partir de una realidad tangible: la existencia de una transición energética en dos territorios: Bajo Aragón y Bierzo-Laciana durante un periodo concreto (2019-2023).

Comprobar evidencias en ambos territorios sobre el proceso estableciendo indicadores que midan el impacto real en el territorio de las políticas de transición energética de forma objetiva con voluntad de réplica.

Elaborar un documento de trabajo que permita afrontar los retos que el proceso de transición energética plantea en términos socioeconómicos, medioambientales, patrimoniales y paisajísticos, calibrando a futuro sus efectos y reorientando, si procede, las políticas públicas llevadas a cabo hasta la fecha.